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viernes, 02 de noviembre del 2007 09:54
Hora de Perú
Impugnarán cualquier intención de Monica Feria de volver a representar casos en Corte IDH
El Estado impugnará cualquier intención de Mónica Feria Tinta de volver a representar causas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como lo logró hacer en el caso Castro Castro, manifestó hoy el agente del Estado peruano en este organismo, Luis Alberto Salgado.
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"Lo más grave ya ha pasado (…) pero si esta señora pretendiera presentarse como interviniente común o testigo a nivel de Sistema Interamericano, el Estado impugnará esos intentos ante la Comisión o la Corte, según corresponda", explicó a la agencia Andina.
El funcionario lamentó que en el pasado se aceptara la participación y el reconocimiento de Feria Tinta en su calidad de interviniente común (representante) de la parte demandante en los casos "Castro Castro" y "Gómez Paquiyauri" ante la Corte IDH.
"Desde hace varios años se sabía los antecedentes judiciales de la señora Feria Tinta, no entiendo por qué no se hizo cuestión de Estado sobre este tema", precisó.
Además, dijo que a estas alturas ya no se puede presentar una demanda de recusación de Mónica Feria Tinta en el caso Castro Castro porque la Corte IDH ya emitió una sentencia en contra del Estado peruano.
"Lamentablemente el daño ya está hecho. Ahora, lo único que esperamos es que la Corte reconozca en algo la posición del Estado en la demanda de interpretación", refirió.
Del mismo modo, dijo que el pedido de extradición a Feria Tinta representa un caso que va ilustrar muchas cosas y va sentar un precedente a favor de la reforma de los recursos de defensa en derechos humanos.
"De parte del Estado no cabe ninguna duda que tenía que haber actuado. Así como no dijo que Sendero Luminoso que era el grupo terrorista más despiadado de la historia peruana, tampoco le dijo a la Corte que esta señora estaba requisitoriada o por lo menos cuestionar su calidad de interviniente", señaló.
Feria Tinta recibió de la Fundación Gruber en Washington el Premio Justicia por ser una supuesta activista de derechos humanos.
Se fue del país en 1994, a pesar de encontrarse procesada por la justicia peruana, y denunció al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del debelamiento del penal Miguel Castro Castro en 1992.
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