lunes, 10 de octubre del 2005 09:44 Hora de Perú Juez abre instrucción penal a alcaldes por destinar recursos en protesta contra Majaz El Primer Juzgado Mixto de Huancabamba abrió instrucción penal contra los alcaldes de Huancabamba y Ayabaca (Piura), y San Ignacio (Cajamarca) por la presunta malversación de fondos en las protestas contra la minera Majaz.   Cambiar tamaño Fuentes del ministerio Público señalaron que el titular del Primer Juzgado Mixto de Huancabamba, Edwin Culquicóndor, halló indicios sobre el uso de recursos del Estado en el desarrollo de las campañas contra Majaz. Mediante la resolución 01 del 23 de setiembre, el juez abre “instrucción penal en la vía ordinaria” contra los burgomaestres Valentín Quevedo (Huancabamba), Práxedes Llacsahuanga (Ayabaca) y Carlos Martínez (San Ignacio). Se informó que la Fiscalía Provincial de Huancabamba ya ha sido notificada. Culquicóndor dictó igual resolutiva contra Mario Alberto Távara Guerrero, Edilberto Santos Guerrero, Pedro Aponte Guerrero, Julio César Vásquez Calle, Félix Calva Guerrero. También fueron denunciados penalmente Elizabeth Cuya Nodrillo, Sinecio Jiménez Peña, Cleofé Neyra Neyra, David León Huamán, Gonzalo Núñez Peña, Reynaldo Carhuapoma Herrera, entre otros. Este último grupo fue denunciado por los delitos contra la seguridad pública, en las modalidades de peligro común y arrebato de armamento de guerra (fusil AKM), y atentado contra los medios de transporte y otros. Asimismo, “abrió instrucción penal en la vía sumaria” contra el mayor PNP Carlos Castañeda Rojas, por el delito de homicidio culposo, en agravio de Menario García Gonzales, quien falleció durante las protestas del 1 de agosto. Esta misma instructiva se dispuso contra Mario Távara, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la figura de lesiones graves, en agravio del capitán PNP Héctor Eufrasio Vega Revolledo. A Távara y otros 33 ronderos se les procesa, además, por el delito contra el patrimonio, en la figura de daños contra la propiedad privada. Todos los denunciados –alcaldes, oficial y ronderos- tienen mandato de comparecencia restringida. Se supo que Culquicóndor no formuló denuncia penal contra los ronderos y alcaldes por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, al no hallar suficientes pruebas. La resolutiva del juez responde a las denuncias presentada el 7 de setiembre pasado por el fiscal Félix Toledo, mediante expediente número 140-2005.